24 Mar El Consell pide ayudas para energía solar un día después de que Camps critique las subvenciones
M.A.S. Tan sólo veinticuatro horas después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, asegurara en Alicante que no quería “asumir la responsabilidad de una comunidad que viviese de la subvención”, el Consell ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley en el que se reducen las ayudas a las industrias fotovoltaicas, una medida aprobada por el Gobierno con la que se prevé ahorrar más de 600 millones de euros entre 2011 y 2013, según el ministerio de Industria. Una reducción, además, en la línea de lo propugnado por la fundación del PP, FAES, que en el informe que elaboró a Mariano Rajoy sobre política energética, recomendaba revisar “completamente” las primas o subvenciones a las renovables, porque “una cosa es apostar por la energía renovable y otra hacerlo a cualquier precio, y a cualquier precio no puede ser”, La Generalitat, en su recurso, entiende que el real decreto del Gobierno “puede ser contrario a la Constitución por la aplicación retroactiva a las instalaciones que ya tenían garantizado un régimen económico” y considera que el criterio aplicado, independientemente de las zonas donde se ubiquen las plantas, “implica una reducción retributiva no proporcional entre zonas climáticas” y comunidades autónomas, que perjudica a las que tienen unos mayores niveles de radiación solar, como la valenciana, que, según el Consell, tendrá unas pérdidas económicas medias del 25% frente a la media del 15%. El real decreto aprobado por el Gobierno reduce la retribución para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5% de las pequeñas y un 25% de las grandes, en tanto que las de suelo ven reducida su tarifa un 45%. También se suprime el derecho a la percepción de prima para las instalaciones de energía eólica y solar termoeléctrica de una potencia superior a los 50 megavatios. El ministerio de Industria defiende el recorte “en beneficio de los consumidores”, ya que considera que “garantiza la rentabilidad razonable de las inversiones, da certidumbre al futuro y respeta los derechos de los titulares de las instalaciones”, versión de la que discrepa la patronal ASIF, que las considera “discriminatorias” y “muy perjudiciales” y aventura que terminará reduciendo a la mitad (250 megavatios) la potencia instalada. Precisamente, las tres principales asociaciones del sector, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la Asociación empresarial Fotovoltaica (AEF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) han anunciado también acciones legales ante el Tribunal Supremo y la Comisión Europea.