El Congreso rechaza prorrogar las ayudas a la compra de automóviles

El Congreso rechaza prorrogar las ayudas a la compra de automóviles

La propuesta contó con 159 votos favorables, 169 en contra y 9 abstenciones. Sin embargo, aprobó otras dos medidas contendidas en la misma iniciativa relativas al Plan de Competitividad para el sector del automóvil y la resolución de los expedientes no controlados con el adelanto económico por los concesionarios de las ayudas del Plan 2000E, esta última por unanimidad.

El promotor de la iniciativa, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llbre, aceptó una votación por separado de los puntos propuestos, tras la propuesta que en ese sentido hicieron varios grupos parlamentarios.

Dichos puntos hacían referencia a la prórroga de las ayuda del Plan 2000E, a la incorporación de las actividades de gestores de infraestructuras, operadores logísticos e industria de las dos ruedas a los beneficios del Plan de Competitividad del sector para 2001 y al impulso de las soluciones para satisfacer las operaciones del Plan 2000E tramitadas por los concesionarios que no fueron registradas por el sistema informático gestor de las mismas.

Sánchez Llibre arrancó su propuesta con lo que denominó "datos escalofriantes" y que se circunscriben al comportamiento del sector del automóvil entre 2007 y 2010.

En este periodo, según el parlamentario nacionalista, se redujo en 600.000 vehículos la producción, se perdieron 150.000 empleos, se dejaron de recaudar por vía fiscal 3.200 millones de euros y cayeron las ventas en 900.000 unidades

"Evitar todos esto –añadió Sánchez Llibre– se puede hacer con una prórroga de las ayudas", al tiempo que concretó en 60 millones de euros el esfuerzo financiero de las administraciones para su prórroga en el últimos trimestre del año.

El diputado catalán recordó que el Gobierno ha hecho caso omiso de las dos iniciativas similares a ésta que propusieron el mismo grupo y el PP en el Pleno del Congreso el pasado 27 de abril y que fueron aprobadas en la Cámara Baja.

Por el grupo socialista, afín al Gobierno, María José Fernández justificó la posición en contra de la iniciativa de CiU en que este tipo de ayudas no se pueden perpetuar ni desligarse de una coordinación con los países del entorno comunitario que ya las han retirado.

Asimismo, recalcó que objetivos prioritarios de política económica como la reducción del déficit público y los necesarios ajustes fiscales no se corresponden con una nueva batería de ayudas semejantes.

Fernández se apoyó también en el reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que denunció disfunciones en la regulación y concesión de las ayudas y que obligaría a que, en caso de una prórroga, hubiera que buscar nuevos mecanismos.

Celso Vázquez, del Grupo Popular, mostró su apoyo a la iniciativa de CiU y, para enriquecerla, su grupo presentó dos enmiendas, al tiempo que evaluó en 90 millones de euros el beneficio fiscal generado por el aumento de demanda de Plan 2000E.

Los grupos vasco y de ERC–IU expresaron su apoyo parcial a la moción consecuencia de interpelación, pero, en ambos casos, rechazaron la prórroga del Plan 2000E.