La batalla de las energías &"verdes"

La batalla de las energías &"verdes"

El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acordó el pasado miércoles poner en marcha a partir de mañana, 1 de junio, el nuevo plan de inspección de instalaciones fotovoltaicas, concretamente el que afectará a las últimas que se han puesto en marcha (con retribución inferior) y que se rigen por el Real Decreto 1.578 de septiembre de 2008. Precisamente, el regulador energético está a punto de concluir la investigación más ardua y polémica: la de las 4.000 plantas acogidas al régimen más beneficioso de primas (el del Real Decreto 661/2007, que se derogó ese mismo día), pese a que vertieron energía a la red después de esa fecha.

La lista de las sospechosas o con "indicios patológicos" fue entregada por las distribuidoras eléctricas a la CNE, que ha investigado caso por caso con la colaboración de la empresa pública de servicios Tragsa, que ha actuado sobre el terreno. Del total de las inspecciones, que comenzaron a realizarse en la primavera de 2009, se han levantado actas de 2.400. Todas ellas se han ido remitiendo al Ministerio de Industria, mientras que el resto, 1.600, se entregarán en breve. Según fuentes próximas al regulador, los indicios de anomalía se han verificado en un 80% de los casos revisados, lo que supondría que unas 3.200 plantas estarían en situación irregular.

Pese a que el departamento que dirige Miguel Sebastián ha tenido conocimiento puntual del resultado de estas inspecciones, ya que cada dos o tres semanas el consejo de la CNE las aprobaba por bloques de entre 180 y 200 y se las enviaba, aún no ha adoptado ninguna medida al respecto para castigar el fraude y retirar la prima. Así lo permite la disposición adicional novena de la orden ministerial de tarifas del 26 de junio de 2008.

De las anomalías comprobadas, la principal es el vertido a la red de distribución de la producción con posterioridad al 30 de septiembre de 2008 de plantas acogidas a la anterior tarifa, lo que determinaría que no estaba en regla, pese a contar con la inscripción en el registro de su comunidad autónoma. Las irregularidades suelen ser de seis o siete tipos. Entre ellas, las que se refieren a la documentación de la instalación; a las actas de puesta en servicio; a carecer del número adecuado de placas, o a haber impedido el acceso al inspector.

Aunque las dudas sobre la potestad legal del Gobierno frente a las comunidades autónomas para castigar estos fraudes planean sobre el ministerio, lo cierto es que la citada disposición se lo permite. De hecho, la orden ministerial que la incluye fue dictaminada por la Comisión y sometida al consejo consultivo de la electricidad, del que forman parte las autonomías.

Concretamente, en el consejo que debatió la norma, los representantes autonómicos sólo hicieron algunas apreciaciones y, en todo caso, los Gobiernos regionales no la han impugnado. Y, aunque el consejo de la CNE también planteó algunas dudas a la disposición novena, el ministerio aprobó la orden, que entró en vigor pocos meses antes del cambio de retribución.

La disposición, con tres artículos, establece que para que una instalación tenga derecho a la tarifa regulada (según el Decreto 661) "debe ser inscrita en el registro administrativo del régimen especial antes del 30 de septiembre de 2008, y debe ser comunicada por la comunidad autónoma al ministerio antes del 30 de octubre. Junto con la inscripción definitiva, el citado órgano debía entregar "el acta de puesta en servicio definitiva de la instalación".

El ministerio inspeccionará a través de la CNE "la veracidad y suficiencia de la documentación presentada", con lo que remitiría en un mes a la Comisión el acta de puesta en servicio y el resto de la documentación. Además, la orden establece la realización de planes semestrales de inspección.

El último artículo hace referencia a la penalización que recibirán las instalaciones "incorrectamente inscritas en el registro". Éstas serán objeto de "de una corrección en el régimen económico primas que le sea aplicable de acuerdo con las fechas de los actos administrativos que dieron lugar a su inscripción". Además, en caso de haberse falseado la documentación, al titular se le abrirá un expediente sancionador por tratarse de una infracción muy grave de la Ley Eléctrica.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las irregularidades se relacionan con el vertido a la red fuera del plazo que daría derecho al disfrute de la antigua tarifa, el Gobierno podría dejar sin prima a un buen número de instalaciones, tal como solicitan algunas asociaciones del sector ante el temor al recorte general con que amenaza Industria para evitar el colapso del sistema (la tarifa de acceso pagó el año pasado 6.200 millones de primas, más de un tercio del total de los costes). El cálculo del ahorro que supondría dejar sin primas a las plantas declaradas anómalas por la CNE se desconoce, pues depende de su producción.

Muestreo en las nuevas

La investigación que el regulador está a punto de concluir se inició tras un primer muestreo realizado en el otoño de 2008 entre 294 plantas, cuyo resultado fue también concluyente: un 50% de las plantas investigadas registraron anomalías, derivadas de la carrera contrarreloj de los promotores para forzar su inscripción en el registro y conservar la sustanciosa prima que se extinguía. Sin embargo, la revisión de las 4.000 plantas citadas no ha sido aleatoria.

Sí lo serán, en cambio, las del nuevo plan de inspección aprobado el miércoles por el consejo de la CNE, ya que se trata de las nuevas plantas que se rigen por la regulación posterior al 30 de septiembre de 2008. Una minoría, si se tiene en cuenta que el grueso, más de 48.000 plantas, se pusieron en marcha hasta esa fecha y que, a partir de entonces, las inversiones se han frenado en seco (en estos momentos, hay 51.207).

A partir de ahora, las inspecciones se harán de forma aleatoria, según establece el artículo 14 del real decreto que regula las nuevas instalaciones (el 1.578/2008), sobre una muestra del 5% del total. En este caso, también será más fácil sancionar y controlar, ya que con el sistema de preasignación que estableció el Gobierno para evitar la anterior sangría creó de facto una especie de reválida del Estado que se superpone a los registros autonómicos.

Las patronales fomentan la polémica

Ante la sospecha de los promotores de que en la nueva regulación para las energías renovables, actualmente en negociación en el Ministerio de Industria, se aplique un recorte de primas para las instalaciones en operación, construcción o preasignación (que consideran retroactivo), las asociaciones de la energía solar fotovoltaica han vuelto a sacar a la palestra la cuestión de las irregularidades en las instalaciones solares.

La primera en plantear una propuesta a Industria fue la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif). En su carta al ministro Sebastián, la patronal expresa su sospecha de que más de 600 megavatios (MW) de paneles fotovoltaicos se montaron en instalaciones que, por haber cumplido el plazo límite fijado el 30 de septiembre de 2008, pueden estar irregularmente acogidas a la anterior y más beneficiosa normativa, el Real Decreto 661/2007.

Sacar a estas plantas del régimen de retribución supondría ahorrar, según sus cálculos, "entre el 20% y el 30% del coste actual de la fotovoltaica en la tarifa, entre 500 y 800 millones al año", lo que implicaría bajar la retribución que reciben sin recortes retroactivos.

También la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) asume estas estimaciones en su propuesta y pide reducir el coste de las primas por este sistema.

La Asociación Empresarial Fotovoltaica rechazó el fraude de plano si bien no asumió las estimaciones en su propuesta.