Xunta y Gobierno garantizan las ayudas que exige Mitsubishi para fabricar baterías en Galicia

Xunta y Gobierno garantizan las ayudas que exige Mitsubishi para fabricar baterías en Galicia

El hermetismo que rodea al proyecto, tanto por parte del sector del automóvil como por la parte política, impide confirmar la veracidad de las cifras que se manejan extraoficialmente y que elevan a más de 50 millones de euros los incentivos (en forma de ayudas directas, subvenciones y créditos) que el consorcio integrado por Mitsubishi, Yuasa y Magna habría puesto por delante a los países interesados en quedarse con la macroplanta de pilas para coches, cuya inversión está valorada en 500 millones .

Austria, el otro país que, junto con España, todavía sigue vivo en la carrera por la fábrica de baterías (el proyecto arrancó en el 2009 con 19 países candidatos) tampoco ha escatimado esfuerzos y, según informaba recientemente la prensa económica de ese país, también el Gobierno está dispuesto a desplegar la alfombra roja de las ayudas –incluido el suelo industrial gratis en la región de Burgerland– para decantar en su favor la decisión del consorcio. Tiene la ventaja de que la austrocanadiense Magna, uno de los tres asociados, es prácticamente de la casa.

Pero los japoneses han encontrado mejores vibraciones en Galicia y si por las ayudas fuera, la decisión también estaría ya decantada hacia los terrenos de Salvaterra.

Decisión inminente

Tienen así financiación asegurada, conexión con la materia prima (el litio de Sudamérica) a través del puerto de Vigo, clientes potenciales en España, Francia, Marruecos y Portugal con su socio en movilidad eléctrica PSA Peugeot Citroën a la cabeza, buena logística y el clúster de automoción más productivo de España ¿Qué es lo que le falta a Mitsubishi para decantarse definitivamente por la pospuesta española? Según las fuentes consultadas, el desacuerdo con Magna no sería ya un obstáculo, y solo la inseguridad jurídica que existe sobre una parte de los terrenos que Mitsubishi necesita en Salvaterra para la segunda fase de expansión de la fábrica mantiene en vilo la decisión final.

Se trataría de una superficie sobre la que no pesa la sentencia de paralización del Supremo que afecta a parte de la plataforma logística, pero sobre la que 9 años después todavía existen varios procesos pendientes con sus propietarios.