Enero anticipa un nuevo «año negro» para el sector del automóvil

Enero anticipa un nuevo «año negro» para el sector del automóvil

Los datos del primer mes del año permiten augurar un nuevo ejercicio difícil para fabricantes, importadores y concesionarios. La venta de coches se desplomó en enero, una imagen que viene siendo habitual desde que se agotaron los incentivos a la compra de automóviles previstos en el Plan 2000E. La matriculación de turismos cayó un 23,5% durante enero, hasta los 53.632 vehículos. La fragilidad de una demanda arrasada por el desempleo y el estancamiento del crédito están asediando al sector: se trata del séptimo descenso consecutivo mensual, desde que en el pasado mes de julio se extinguieran las ayudas directas. «Si la tasa de desempleo sigue en niveles tan altos, la confianza del consumidor en niveles muy bajos y no se regulariza la situación del crédito, el mercado español sufrirá una nueva caída, que lo haría retrotraerse a los niveles de 1995», advirtió Luis Valero, director general de la asociación de los fabricantes, Anfac. En concreto, la mayor disminución se registró en el segmento de la venta a particulares, con un retroceso del 43,3%, mientras que los demandantes de mayor nivel adquisitivo, que quedan reflejados en la matriculación de vehículos de lujo, y las empresas parecen inmunes a la adversa coyuntura económica; sus compras aumentaron un 133% y un 20,8%, respectivamente. Por su parte, las adquisiciones destinadas al alquiler se elevaron un 11,3%. Los vendedores y concesionarios advierten de que los efectos sobre el empleo podrían ser inmediatos. «No nos salen las cuentas. Si actualmente damos trabajo a unas 150.000 personas y en el canal de particulares, la demanda real, sólo se matricularon 28.000 unidades, difícilmente podremos pagar las nóminas de los trabajadores», destacó Antonio Romero-Haupold, presidente de la patronal de los concesionarios, Faconauto. Según las organizaciones del sector, las cifras de enero anticipan un año en el que las matriculaciones podrían quedarse en 800.000 o 900.000 unidades, por debajo del listón de las operaciones necesarias (normalmente, un millón) para conservar el tejido empresarial y laboral.