Un informe revela pagos irregulares a Thyssen desde su filial con Ros Casares

Un informe revela pagos irregulares a Thyssen desde su filial con Ros Casares

víctor romero | valencia Un informe pericial encargado por la familia Ros revela pagos irregulares a sociedades de Thyssenkrupp desde Thyssen Ros Casares, la mercantil compartida al 50 % entre la multinacional alemana y el grupo industrial valenciano dedicada al negocio de planos (chapas) para automóvil con plantas de producción en El Puig y Port de Sagunt.

La auditoría, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, lleva fecha de junio de este año y fue elaborado por la firma Eudita CJC Auditores. Analiza las operaciones superiores a 250.000 euros a través de las cuentas de Bankia durante los ejercicios de 2011, 2012, 2013 y parte de 2014. El informe concluye que directivos de Thyssen Ros Casares ordenaron y ejecutaron operaciones de trasferencia (algunas de ellas con financiación bancaria) por importe de 37 millones de euros sin contar con las autorizaciones correspondientes. Los beneficiarios de los pagos fueron las sociedades Thyssenkrupp Materials Ibérica SA y Thyssenkrupp Steel Europe AG, que ejercían de proveedoras de la compañía acerera compartida.

Los pagos fueron ordenados por los ejecutivos designados por Thyssen, Wolfgang Born (imputado por el juez tras la denuncia presentada por la familia Ros por estafa y administración desleal) y David Sánchez sin contar con la firma mancomunada de Germán Ros García, tal como establecían los acuerdos alcanzados en la sociedad conjunta.

Las órdenes de pago, todas en cifras redondas, permitieron a Thyssen reducir su posición acreedora con respecto a su participada Thyssen Ros Casares en apenas un año y medio. De los 20 millones de saldo pendiente a su favor derivado de operaciones comerciales continuadas en enero de 2012 pasó a apenas 7,2 millones en abril de 2013. En primavera de ese año, Thyssen inició una estrategia de repliegue en España que la llevó a cerrar la planta de Galmed en Sagunt, que proveía a la sociedad compartida. En octubre, los representantes de Thyssen abandonaron el consejo de administración de esta mercantil y la familia Ros optó por destituir como responsable financiero a Wolfgang Born.

Paradójicamente, ese mismo mes de octubre Thyssen remitió una carta al departamento de Empresas de Bankia en la que trataba de bloquear la capacidad de la familia Ros para realizar movimientos bancarios argumentando que para realizar operaciones era necesaria la firma de Germán Ros García y el propio Born.

Según fuentes solventes, existen otros cuatro informes referidos a operaciones con otros tantos bancos que revelan que Born realizó otras trasferencias y pagos millonarios a empresa del grupo Thyssen desde las cuentas de Thyssen Ros Casares sin contar con la autorización de Germán Ros Casares.

Este diario ha intentado en varios ocasiones contactar con los responsables corporativos de Thyssen en España para obtener su opinión sobre la actuación de sus directivos. La multinacional no ha respondido a los mensajes. La familia Ros ha demandado a Born y al presidente de la división de Materiales de Thyssen, Joachim Limberg por estafa y administración desleal. El juez ha admitido a trámite la querella y ha citado a ambos para que declaren como imputados el 19 de enero.

Bloqueo negociador

La batalla judicial que libran Ros Casares y Thyssen desde que la multinacional alemana decidió abandonar los órganos de Gobierno de la sociedad compartida está condicionando el acuerdo de reestructuración de la deuda y la resolución del concurso de acreedores del Grupo Ros Casares y su filial. Tal como ayer publicó este diario la banca ha rechazado la propuesta de convenio anticipado presentado por la familia Ros y ha dejado en el aire la solución. Fuentes financieras admitieron el bloqueo de las conversaciones, aunque aseguraron ayer que las negociaciones no están rotas y que sigue en pie la intención de incorporar a Ros Casares al fondo Fénix y dar entrada también a Thyssen.

El grupo prepara el cierre de varias plantas

v. r. valencia El Grupo Ros Casares ha iniciado un plan de reestructuración que incluye un nuevo Expediente de Regulación de Empleo y el cierre de centros de servicios y plantas en Puçol, Albacete, Montmeló, Sevilla y Murcia. La compañía y la administración concursal han iniciado el período de consultas con los representantes de los trabajadores y prevé la extinción de al menos 40 contratos con indemnizaciones de 25 días con un máximo de 12 mensualidades. Además propone reducciones de jornada y suspensiones de contratos.

El comité de empresa reclamó a finales de noviembre información sobre la viabilidad del grupo. La respuesta ha sido que la compañía tiene que analizar la viabilidad de cada una de las unidades de negocio por separado porque la banca ha rechazado la propuesta anticipada de convenio que planteaba una solución global, tal como ayer publicó este diario.

Una de las barreras que ha impedido el acuerdo, según la explicación que ha dado Ros Casares a los trabajadores, es que las entidades financieras no aceptan inyectar la liquidez necesaria para reactivar los negocios, que apenas representaría el 7,5 % de la deuda. Ros Casares sostiene que las discrepancias internas entre las distintas entidades financieras y la falta de implicación de Thyssen dificultan también una solución.

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