12 Ene Los inversores fotovoltaicos envían cartas a los parlamentarios para parar la nueva norma
La nueva regulación, aprobada en el último Consejo de Ministros del año pasado, establece una reducción de las horas subvencionadas de funcionamiento de las plantas. Esta limitación implica un recorte de las primas de alrededor de un 30% durante los próximos tres años. A cambio, se prolonga de 25 años a 28 el tiempo en el que el promotor tiene derecho a cobrar la prima concedida. El problema es que, al tramitarse como Real Decreto Ley, los afectados no pueden recurrir las medidas. Solo puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional por algún grupo político.
Es por eso que las asociaciones y los afectados se están dirigiendo directamente a los diputados para hacerles llegar su petición. Solicitan que las medidas relativas a la energía solar fotovoltaica "sean rechazadas y sean tramitadas como Real Decreto o como proyecto de Ley".
Tal y como explicaba ayer Juan Laso, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), el objetivo es que "se puedan incluir enmiendas en la tramitación del proyecto de Ley que corrijan este despropósito". Laso recordó que estas medidas colocan a las compañías "al borde de la suspensión de pagos y con los créditos aún pendientes de amortizar".
Por otro lado, la AEF informó además ayer de que miles de empresarios fotovoltaicos han celebrado en los últimos días asambleas en Lérida, Pamplona, Lugo y Sevilla para expresar su rechazo a la normativa y para analizar medidas contra varios aspectos de la nueva regulación que, a juicio de muchos de ellos, conlleva recortes retroactivos de primas.
La AEF explicó que la actividad fotovoltaica en España está muy atomizada, ya que hay más de 50.000 instalaciones y alrededor de 60.000 inversores.