21 Jun Competencia investiga un pacto de precios en el transporte del Puerto
JULIÃN LARRAZ La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto sendos expedientes en los sectores del transporte por carretera con origen y destino en los puertos de Valencia y Barcelona, por supuestamente fijar precios y repartir el mercado. Los expedientes se han incoado contra las autoridades portuarias de Valencia y Barcelona, contra la Conselleria de Infraestructuras y Transportes además de contra distintas patronales de transportistas, según informa el organismo que preside Luis Berenguer. En el caso de Valencia, Competencia ha abierto expediente contra la Asociación de Empresas de Logística y de Transporte de Contenedores; la Asociación de Empresas, Autónomos y Cooperativistas del Transporte de Mercancías por Contenedor de los Puertos de Valencia ; la Asociación Naviera Valenciana; la Asociación de Transitarios, y la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos, además de contra el puerto y la Consejería. La CNC recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, dado que a partir de ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución. Ante la acusación de estar involucrada en un pacto de precios del transporte por carretera, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) asegura que su única voluntad es la de solucionar los conflictos y remarcan que no son parte activa de la negociaciones. «Cuando hay un conflicto, la mayoría de las veces se reúnen en nuestros espacios porque nos consideran neutrales. El acuerdo al que lleguen es lo que decidan los implicados porque nosotros sólo ofrecemos el espacio», explican desde la APV, que añaden: «buscamos eliminar tensiones y acercar a las partes». Desde la APV se apunta que están a la espera de acceder a la información del expediente de la CNC para «si procede, escribir alegaciones». El expediente tiene su origen en una investigación del Servicio de Competencia valenciano, que remite un documento firmado en mayo de 2010 por la APV y distintas asociaciones que operan sus instalaciones «en el que se establecen pautas y criterios a los que podrían remitirse los operadores en la contratación de los servicios de transporte». Además, en febrero de 2011, dichas asociaciones, el puerto y la consejería firman otro documento sobre la aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte en función del precio del gasóleo.