24 Feb Cronología de la “guerra del sector automóvil”
15 de enero Se aprueba por fin en el Pleno del Congreso la Ley de Economía Sostenible con varios puntos que la convierten de inmediato en noticia; las centrales nucleares, la llamada Ley Sinde y la nueva normativa sobre distribución de automóviles. La oposición, con los votos del PP y de los nacionalistas, hacen posible un cambio en la Ley que afecta a la relación contractual entre concesionarios y fabricantes (ver normativa completa). Se trata de una enmienda incluida en el Senado por CIU y que fue votada en contra por el PSOE. 16 de febrero Las reacciones no se hacen esperar, Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, declara que “ojalá no pase nada” en las fábricas de automóviles españolas cuando el PP le pregunta sobre la situación de las ventas de automóviles en España. El ministro se refiere a la nueva situación entre fabricantes y concesionarios y aclara que “Si yo no entiendo esa enmienda imagínese un japonés, un alemán o un francés”, refiriéndose así a las tomas de decisión sobre fábricas de automóviles ubicadas en suelo español. La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (Aniacam), anuncia que está estudiando recurrir la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional, planteándose también su recurso ante las autoridades comunitarias. Según Aniacam esta nueva norma puede hacer que las marcas no firmen nuevos acuerdos de distribución y busquen otras alternativas más viables. Según Aniacam aumentarán los costes de distribución y por tanto subirá el precio de los vehículos. Aunque Aniacam busca el apoyo del PSOE, éste renuncia llevar ante el Tribunal Constitucional la nueva normativa, pues sería llevar su propia Ley estrella en materia económica. No obstante, Aniacam y el PSOE hablan de la posibilidad de impugnar únicamente la enmienda de la Ley referida a la distribución. Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), busca una solución en vez de un enfrentamiento, y habla de negociar y consensuar posiciones para evitar una guerra entre concesionarios y fabricantes. 17 de febrero Según afirma en un comunicado la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la nueva normativa pone en situación de riesgo a más de la mitad de las redes oficiales de concesionarios. Según Anfac, los fabricantes asumen todo el riesgo empresarial, por lo que no tiene sentido mantener una red de concesionarios como la actual, siendo más lógica una red vertical propiedad de las marcas. Se explica también que se puede recortar hasta un 5% la producción de las fábricas españolas, con lo que se dejarían de fabricar unos 125.000 vehículos, con el impacto negativo que ello tendría en el empleo. Francisco Javier García Sanz, presidente de Anfac, advierte en intervención pública que están en riesgo las inversiones ya asignadas a las factorías españolas así como la celebración del Salón del Automóvil de Barcelona (mayo 2011). García Sanz pide una reunión urgente con Mariano Rajoy y con Artur Mas después de afirmar que PP y CiU han puesto en peligro inversiones y empleo en las fábricas donde ellos tienen responsabilidades de gobierno. “Se trata de una intromisión política inaceptable, la industria ha perdido la confianza en la oposición, que se está equivocando y tiene que rectificar” declara el presidente de Anfac. En su intervención García Sanz recuerda asimismo que existe un reglamento comunitario que regula la relación entre marcas y que, además, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene prevista una nueva ley de distribución comercial que sería aprobada esta misma legislatura. Los sindicatos también entran en la guerra del automóvil con las declaraciones de Rogelio Mena, responsable de Automoción de la Federación de Metal, Construcción y Afines del sindicato UGT. Mena dice que esta medida pone en riesgo el empleo en el sector en España y pide que se barajen todas las alternativas. El representante exige además que la nueva normativa se aplique exclusivamente a las firmas de automóviles que no dispongan de fábricas en España. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convoca una conferencia para la semana siguiente y anuncia una solicitud de reunión con Anfac y con las comunidades en las que existen fábricas de automóviles. También anuncia la convocatoria de una reunión con el grupo de seguimiento de la mesa de Diálogo Social Reforzado para tratar la situación creada por la nueva normativa. Eva Almunia, candidata socialista a la Presidencia de Aragón, dice en declaraciones a Europa Press que se muestra sorprendida por el apoyo del PP a una enmienda con la que “echan a los pies de los caballos a los fabricantes de coches”. Los choques políticos se producen también en otras regiones con fábricas de automoción, así el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, reprocha a Juan Vicente Herrera, presidente de la junta, que no haya podido frenar la enmienda presentada por el PNV. Según López, el presidente del Ejecutivo regional “lleva diez años gobernando sin defender la Comunidad”, en referencia a que los parlamentarios del PP de Castilla y León apoyaron la enmienda del PNV; “Después de lo que hemos remado para garantizar el futuro de la empresa en Valladolid y Palencia, el PP votó a favor de una vergüenza de enmienda”. 18 de febrero De nuevo Óscar López arremete contra los parlamentarios del PP de su comunidad y les acusa de “callar de forma cobarde” ante la “incompetencia” de Mariano Rajoy. “Se inventan polémicas ridículas como el chacolí de Burgos, pero se callan de forma cobarde ante la incompetencia de Rajoy cuando se afectan los verdaderos intereses de esta Comunidad”, afirma según informaciones de Europa Press. Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aboga porque exista una regulación del contrato de distribución del sector automovilístico con “criterios homogéneos a los europeos”. Arturo Aliaga, consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón anuncia que Miguel Sebastián ha convocado de urgencia una reunión para valorar las consecuencias de la nueva normativa mientras recuerda que esta es “una medida provisional hasta que salga la nueva ley”, “Vamos a ver qué hablamos con el ministro y fijaremos la posición de la Comunidad autónoma sobre esta medida, que es transitoria, pero tiene sus efectos”, concluye. El PSC también arremete contra CiU, PP y PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Daniel Fernández, que afirma que “Mientras los trabajadores de la industria automovilística hacen esfuerzos y sacrificios, CiU, PP y PNV, en una acción irresponsable y demagógica, les han lanzado un torpedo”, también reclama a Artur Mas que “empiece a poner orden y sentido común en sus filas, que demuestre que está al lado de la industria del automóvil catalana y que haga rectificar a sus diputados”. Miguel Sebastián anuncia que se reunirá el martes próximo (22 de febrero) con los responsables de las comunidades autónomas que cuentan con fábricas de automóviles y el miércoles (23 de febrero) con Anfac y Faconauto. La asociación de fabricantes, Anfac, anuncia también que el miércoles se reunirá en sesión extraordinaria para abordar la normativa y su posible nuevo planteamiento sobre la asistencia al Salón Internacional del Automóvil de Barcelona. Faconauto por su parte acusa a Anfac de no querer negociar una normativa sobre distribución durante los últimos quince años. Desde Ganvam insisten en su oposición a la norma pero también en la necesidad de encontrar una solución “negociada y de consenso”. 21 de febrero Ãngel Concejo, portavoz de la Federación de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) explica en una rueda de prensa en Valladolid que la nueva normativa no afecta a los fabricantes ubicados en España porque exportan el 80% de su producción. El presidente de Faconauto, Antonio Romero Haupold, afirma además que el precio de los coches bajará entre 400 y 500 euros de media con la nueva normativa, pues permitirá a los concesionarios reducir los costes financieros de sus stocks. Según Romero la nueva norma viene a “equilibrar la relación entre las partes”, y que “los concesionarios ya no tendremos que comprar más coches de los que vendemos”. No obstante el presidente también afirma que en Faconauto sienten preocupación por las reacciones ocasionadas por la norma. La Federación Catalana de Vehículos a Motor (Fecavem) dice que Anfac se ha negado a negociar un marco jurídico durante los últimos 15 años, aun así, pide diálogo con Anfac y recuerda que los fabricantes y distribuidores se necesitan mutuamente. “Los distribuidores hemos estado siempre dispuestos a negociar. Si se hubiera dialogado, habría salido una ley a gusto de todos”, afirma Jaume Roura, presidente de Fecavem. Josep María Ãlvarez, secretario general de UGT de Catalunya, pide “responsabilidad y diálogo” para conseguir una ley equilibrada. Ãlvarez duda que la nueva norma beneficie a los consumidores pero sí supone un “riesgo de suspensión e inestablidad permantente” en las fábricas. Declaraciones de los parlamamentarios Emilio Ãlvarez Villazán, Jesús Quijano y Jorge Conde, de Valladolid, aluden a que la nueva norma pone en peligro el futuro de las factorías de Renault e Iveco en su ciudad. Según dicen, “la enmienda pone en peligro la fabricación de coches en España”, sector del que “viven más de 50.000 familias en nuestra provincia”. Miguel Sebastián, en rueda de prensa sobre los datos de la balanza comercial de 2010, afirma que “Es una enmienda mala para todos y no sólo para los fabricantes, porque al final los fabricantes buscarán sus propios canales de distribución al margen de los concesionarios”. También contradice a los concesionarios sobre la bajada de precios. Los representantes sindicales de la Federación MCA-UGT en Castilla y León piden asistir al debate sobre la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que afecta a la relación entre concesionarios y fabricantes. 22 de febrero Miguel Sebastián pide al Partido Popular y a Convergencia i Unió que recapaciten para que la enmienda no entre en vigor. Su propuesta es solucionar esta situación con la nueva Ley de Distribución que el gobierno tramitará próximamente. Josu Erkoreka, portavoz del PNV, dice por su parte que está convencido de que sobre esta norma “pende como una espada de Damocles el peligro de ser nuevamente reformada, y en plazo francamente breve… No creo que me equivoque mucho si expreso la sospecha de que nos encontramos ante la crónica de una nueva reforma anunciada” declara Erkoreka quien, además, advierte que estos cambios “contribuyen a hacer más movedizo aún el ya sobradamente inestable suelo jurídico que pisamos”. UGT, a través de Rogelio Mena, responsable del sector de Automoción, exige la retirada de la normativa y vuelve a pedir que, en todo caso, se aplicara la norma únicamente a las marcas que no tengan fábricas en España. Daniel Fernández, portavoz del PSC en el Congreso, asegura que CiU ha participado en “un golpe de estado económico contra la industria automovilística, una de las más importantes de Cataluña” y pide a Artur Mas que “rectifique inmediatamente”. Mientras, el portavoz de La Generalitat ve factible un “punto intermedio” en el sector para unir los intereses de fabricantes y concesionarios e indica que la postura de los nacionalistas en el Congreso era “conocida por todos desde hace tiempo, no fue fruto de la improvisación”. En la reunión celebrada por Miguel Sebastián con las CCAA se compromete a tener preparado el anteproyecto de Ley de contratos de distribución en un plazo de tres meses. Mientras las CCAA se han comprometido a tratar de “convencer a los grupos políticos de la necesidad de estudiar los efectos de esa nueva normativa” que, según manifestaciones de Arturo Aliaga, consejero de Industria, Comercio e Innovación del gobierno de Aragón, “ha creado un enfrentamiento y un mal ambiente en el sector tanto de los distribuidores de automóviles como de los fabricantes”. Aliaga también dice que espera que Anfac y Faconauto mantengan un “acuerdo de caballeros para no interferir en el proceso de elaboración de la ley que tiene previsto establecer una solución a largo plazo”. La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia y de Faconauto defienden la nueva norma y matizan que desde 2008 se han perdido 1000 empleos pero que creen que la normativa frenará los despidos. El PP no dice nada sobre su posición respecto a la posible nueva Ley de Contratos de distribución y sostiene que la enmienda a la Ley de Economía Sostenible buscaba “mejorar la competitividad” de los concesionarios e “incrementar la venta” de vehículos tras una “caída muy importante” durante los últimos meses, según informaciones de Europa Press. En estas mismas informaciones se aclara que CiU comparte la intención del Ministerio de revisar la legislación para hacerla más admisible. 23 de febrero Faconauto, tras la reunión mantenida con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anuncia su disposición para solucionar el conflicto abierto en el sector. Romero-Haupold, presidente de Faconauto, dice que los concesionarios españoles han decidido abrir una puerta a la negociación para llegar a un acuerdo lo antes posible. Según declaraciones realizadas a Europa Press, Faconauto ha acordado con el ministro adherirse a la hoja de ruta planteada por Sebastián en la que, en un plazo de tres meses, se presentará el anteproyecto de la nueva ley de distribución ante el Consejo de Ministros. En el mismo sentido Faconauto ha anunciado que la próxima semana se celebrara una reunión para decidir los puntos sobre los que negociará con Anfac.