09 Jun El concesionario solo pagará los coches que encargue al fabricante
Los concesionarios no pagarán a los fabricantes los coches que no hayan pedido, y en caso de extinción de contrato habrá una única indemnización que tendrá en cuenta las amortizaciones pendientes y la clientela. Así lo recoge el anteproyecto de ley del Contrato de Distribución entregado por el Gobierno a las asociaciones del sector, que aún pueden presentar alegaciones. El Ejecutivo pretende reequilibrar la relación entre proveedores y distribuidores. Más de 20 sectores que suponen cerca del 20% del PIB, entre ellos el de la automoción, que abrió el debate. La norma no parece satisfacer a nadie, aunque los concesionarios creen haber logrado un gran avance si la ley, una vez aprobada, mantiene que concesionarios y frabricantes acordarán el número de vehículos que van a adquirir. El texto deja clara la «imposibilidad» de facturar productos «no solicitados, no aceptados o no puestos a disposición del distribuidor», y si no hay acuerdo, se debe acudir a la mediación o arbitraje. El Gobierno espera tener aprobada esta ley antes de finales de año. El pasado febrero, todos los partidos políticos, excepto el PSOE, regularon las relaciones comerciales entre fabricantes y concesionarios. La norma fue suspendida hasta que el Ejecutivo presente la nueva ley. Fuentes consultadas reconocen que la futura norma no recogerá los «máximos» aprobados en el Congreso en febrero en forma de enmienda a la Ley de Economía Sostenible, sino que habrá «matizaciones» e incluso algunos puntos serán retirados, si bien no concretan cuáles ante el compromiso de no desvelar el contenido. Lo que sí parece seguro es que los fabricantes no podrán obligar a los concesionarios a comprarles más coches de los que necesiten, y que deberán fijarse por contrato las inversiones que los concesionarios realicen y su plazo de amortización. En caso de extinción del contrato, se establecen plazos mínimos de preaviso. Por lo que respecta a las indemnizaciones, la futura norma fija una única indemnización en la que se tendrán en cuenta las inversiones específicas que queden sin amortizar y la clientela.