06 Nov La economía sumergida genera más de 220.000 empleos en la C. Valenciana
josé luis zaragozá | valencia El empleo sumergido en la Comunitat Valenciana parece consustancial al mercado laboral de la autonomía a la vista de las divergencias, que se acentúan con el paso del tiempo, entre las cifras de ocupados que facilita la Encuesta de Población Activa (EPA) y las listas de afiliados a la Seguridad Social. Así las cosas, algo más de 220.000 valencianos forman parte de esa bolsa de trabajo sumergido al concluir el tercer trimestre de 2014, pues estaban ocupadas y cobraban su salario en negro, sin figurar como cotizantes en el sistema del Ministerio de Empleo.
Las personas ocupadas hasta septiembre de este ejercicio, según la EPA, se elevaban a 1.790.100 trabajadores en la Comunitat Valenciana —con una tasa del paro del 24 %— aunque los afiliados a la Seguridad Social se reducen a 1.563.000 ciudadanos. De esta cantidad el 85 % son asalariados y el resto, autónomos. Además, llama la atención que la ocupación irregular sigue creciendo durante los últimos meses, ya que si comparamos la cantidad actual de trabajo sumergido con la del primer trimestre de 2014 se observa un aumento del 20 %.
Por provincias, Valencia aglutinaba hasta septiembre un total de 913.500 ocupados, aunque las altas en la Seguridad Social tan sólo alcanzaron los 814.000. En parecidos términos se situó Alicante, cuyos trabajadores con empleo alcanzaron los 671.600, frente a los 545.300 cotizantes. Mientras tanto, Castelló aglutinó 205.000 empleados, frente a los 192.600 que pagan parte de su nómina a las arcas públicas.
Los empresarios piden reformas
la vista de la situación, que se repite en la mayoría de las autonomías españolas, el Consejo Empresarial para la Competividad (CEC), órgano consultivo del Gobierno, ha pedido reformas urgentes para hacer aflorar los 1,8 millones de «empleos B» que existen en el conjunto del país. Según un reciente informe de este colectivo que lidera el presidente de Telefónica, César Alierta —y del que también forma parte el presidente de la cadena Mercadona, Juan Roig—, el trabajo irregular genera alrededor del 11 % del Producto Interior Bruto (PIB). El CEC estima que existen 720.000 personas desempleadas sólo sobre el papel, ya que trabajan a tiempo completo o parcial aunque no cotizan. En este colectivo de casi dos millones de personas estarían participando algo más de 270 inmigrantes ajenos a los ojos de la Inspección.
El secretario general de UPTA-PV, Javier Pastor, sostiene que el empleo autónomo aglutina gran parte de ocupaciones que escapan del control de la administración, sobre todo en actividades relacionadas con la hostelería. Por sectores, parte del empleo sumergido procede de actividades relacionadas con la agricultura. Las centrales UGT y Comisiones Obreras explican que el trabajo irregular afecta a más de la mitad del empleo en el hogar, que según la Seguridad Social contaba con 32.710 afiliados, en su mayoría mujeres, en la C. Valenciana.
Mientras tanto, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un plan de colaboración con las autonomías para detectar falsos perceptores de prestaciones y subsidios de desempleo. En 2015, prevé dar de baja a 400.000 demandantes de pagos en toda España.
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