10 Oct Los concursos de acreedores batirán récords en el último trimestre de 2011
La “tercera ola” de concursos de acreedores desde que se inició la crisis dejará una cifra récord de insolvencias en el último trimestre del año, que podría ser “el peor” de los últimos tres ejercicios en la Comunitat Valenciana.
Aunque expertos consultados por EFE avanzan la que será “la mayor crisis de insolvencias” de la historia concursal española, este instrumento creado para salvar a las empresas en situación de insolvencia está siendo infrautilizado por los empresarios, que todavía lo consideran un “deshonor”.
Economistas y abogados valoran que la reciente reforma de la Ley Concursal potenciará soluciones a la insolvencia al margen del concurso, aunque ello no impedirá que este trimestre vaya a ser uno de “los peores, o incluso el peor” en la Comunitat, según ha avanzado a EFE el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Leopoldo Pons.
En esta autonomía, la segunda en número de concursos, las insolvencias han golpeado al sector de la construcción y al del automóvil, y las refinanciaciones comienzan a “agotarse”, también por la crisis bancaria en la región y el sobreendeudamiento de la Generalitat, apunta Pons.
Aunque el número de concursos ha sido creciente en los últimos meses, también han ido perdiendo entidad económica en términos relativos al pasivo y al activo de las sociedades concursadas, indican desde el bufete Cuatrecasas.
Durante el último trimestre se mantendrá el “goteo constante” de pymes, a las que podrá sumarse alguna gran compañía que refinanció su deuda hace aproximadamente dos años y que se subirá así a la tercera “ola” de insolvencias, en un panorama que no mejorará hasta 2012, precisa Pons.
España ha destruido 300.000 empresas en los dos últimos años, cifra que a finales de 2011 podría aumentar hasta las 310.000, con costes por insolvencias que superarán los 30.000 millones de euros.
El ejercicio se cerrará con unos 7.000 concursos en toda España, cifra muy inferior a la de la mayoría de países como Francia (con una media anual de 50.000), Alemania (20.000), Bélgica (10.000) o Dinamarca (6.000).
El decano del Colegio de Economistas achaca este desequilibrio a que el sistema bancario español “ha bloqueado las soluciones concursales” -de lo contrario, serían más de 30.000 las insolvencias anuales-, y a la falta de “transparencia” en la fase de refinanciación previa al concurso.
La reforma de la Ley Concursal, aprobada el pasado 22 de septiembre en el Congreso, tampoco logra, a juicio del economista, potenciar las soluciones extraconcursales, que considera el principal problema.
Los grandes bufetes son más optimistas respecto a la nueva ley, aunque coinciden en señalar la dificultad para regular un aspecto menos tangible: la “mala imagen” del concurso de acreedores.
“Presentar un concurso crea mala fama y los empresarios son reacios”, advierten desde Garrigues en Valencia, donde han observado que el empresario “prefiere acudir primero a la refinanciación y esperar a presentar el concurso porque para él es una lacra”.
Josefa Roselló, socia de Derecho Procesal en este despacho, sospecha que esta actitud es la herencia que han dejado los anteriormente denominados procesos de quiebra, suspensión de pagos y de quita y espera, integrados ahora en la figura del concurso.
“Se mezcla el concurso con el honor y eso es la muerte, porque en algunos momentos es la única opción”, apuntan desde Uría Menéndez, que ve que esta actitud adquiere un carácter “especialmente dramático” en la Comunitat Valenciana.
En Gómez & Pombo también han advertido de que esta figura está “mejor vista” en otros países, donde no esperan a que la empresa haya agotado todo su “músculo financiero” para entrar el concurso, que termina en liquidación en el 90 % de los casos.
“Se tarda tanto por un tema psicológico: el que va a concurso tendrá siempre una mancha en su currículum, aunque no sea así”, dice Raúl Martínez-Guinea, responsable del área Concursal de este bufete.
Para llegar a buen puerto, el procedimiento aún debe sortear el colapso de los juzgados de lo Mercantil, especialmente relevante en casos como el de Valencia, donde se conoce de más casos de insolvencias que en Madrid y, sin embargo, se cuenta con menos jueces, apuntan desde Garrigues.