18 Feb Los fabricantes de coches amenazan con revisar inversiones en España tras la nueva ley
J. CARNEIRO/AGENCIAS – VIGO/MADRID La nueva normativa que regula los contratos de distribución entre marcas y concesionarios ha desatado una auténtica batalla campal en el sector del automóvil. La discusión entre fabricantes y concesionarios subió ayer de todo al avisar los primeros de que “revisarán” las inversiones asignadas a sus factorías españolas, lo que podría tener “terribles repercusiones sobre el empleo”; y acusar a PP y CiU de “traicionar” a esta industria. Los concesionarios, en cambio, defienden que la nueva norma resuelve la situación de “indefensión” que padecían hasta ahora, y niegan que tenga un impacto negativo en las fábricas, que “exportan más del 80% de los vehículos”. Ante la gravedad del enfrentamiento, el Ministerio de Industria ya se ha apresurado a convocar “de urgencia” al sector y a las comunidades para estudiar los cambios normativos. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz –vicepresidente de Volkswagen–, mostró ayer su rotundo rechazo a la nueva ley: “Las marcas y, sobre todo las casas matrices, no entienden esta medida, que pone en grave riesgo las inversiones ya asignadas y las posibles futuras en la industria del automóvil en España, y también los puestos de trabajo de muchas familias que dependen de este sector”. La patronal de los fabricantes ha solicitado una reunión urgente con el presidente del PP, Mariano Rajoy, así como con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para pedirles explicaciones por el apoyo que el pasado martes sus respectivos partidos dieron en el Congreso a la nueva norma, que se tramitó como una enmienda del PNV a la Ley de Economía Sostenible. “Nos sentimos traicionados”, denunció García Sanz. “Esta situación nos obliga a reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión. Y entre ellas, hasta la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona anunciada hace pocas semanas”, recalcó el presidente de Anfac. Los fabricantes critican que no se les hubiese consultado en la tramitación de la “chapuza normativa”, y acusan a los partidos de la oposición, en especial a PP y CiU, de no haber evaluado el daño que pueden provocar a la principal industria del país. García Sanz recordó que la relación entre marcas y concesionarios ya está regulada por un reglamento comunitario, y que el Ministerio de Industria tiene previsto aprobar en esta legislatura la nueva ley de distribución comercial. También subrayó que para las marcas será “imposible” firmar nuevos contratos con los concesionarios ahora. Según Anfac, la nueva norma podría provocar una reducción de más de la mitad de las redes oficiales de concesionarios. En un argumentario contra la ley, Anfac sostiene que son los fabricantes los que asumen todo el riesgo empresarial. Por ello, considera que “no tiene sentido mantener una red de concesionarios en la que se negocia de manera bilateral como en la actualidad, sino que se crearía una red vertical”, propiedad de las marcas. Así, la patronal advierte de que se produciría una desaparición paulatina e incluso drástica de concesionarios y, consiguientemente, una pérdida de empleo en el sector de la distribución, que cuenta actualmente con una plantilla de entre 125.000 y 150.000 personas. También vaticina que la norma recortaría un 5% la producción, lo que supone dejar de fabricar 125.000 vehículos. Esto se traduciría además en una pérdida de empleo similar en las factorías. Por su parte, los concesionarios, agrupados en Faconauto, aseguran que la nueva norma “viene a resolver una situación jurídica de indefensión” de estas empresas respecto a los fabricantes. Faconauto recuerda que, hasta ahora, las marcas podían modificar unilateralmente los contratos y resolverlos sin compensación alguna por la clientela, por las inversiones no amortizadas o por los despidos de los trabajadores. Además, los concesionarios debían quedarse con coches y recambios adquiridos. Faconauto afirma que la nueva norma no debería interferir en los proyectos de inversión en las plantas españolas, ya que exportan más del 80% de su producción. “La lógica empresarial de estas inversiones nada tiene que ver con el modelo jurídico de relaciones comerciales con los distribuidores que se aplica en un determinado mercado interior”, añade esta federación. Para tratar de rebajar la tensión y analizar los cambios normativos, el Ministerio de Industria ha convocado de urgencia a las comunidades y al sector a una reunión la próxima semana. El ministro, Miguel Sebastián, ya mostró el miércoles su oposición a la normativa: “Si yo no entiendo esa enmienda imagínese un japonés, un alemán o un francés”, concluyó en referencia a las sedes de grupos como Volkswagen, Renault, PSA o Nissan.