19 Jul Los fabricantes de coches avisan de una posible subida de precios si se aceptan las enmiendas a la Ley de Distribución
La junta directiva de la asociación de fabricantes de vehículos, Anfac, ha mostrado su preocupación por la marcha que parece seguir el proyecto de ley de distribución que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. Esta Ley que está prevista aprobar antes de que termine la legislatura se encuentra, actualmente, pendiente de las enmiendas de los grupos parlamentarios.
Según Anfac, si se aprobara el texto actual se producirían perjuicios a un sector industrial que, en contra de lo que ocurre en otros segmentos de la economía, está invirtiendo en España. Durante la crisis, en los dos últimos años, se han otorgado a nuestro país once nuevos proyectos de fabricación, todos ellos con inversiones millonarias y sobre todo con capacidad para mantener empleo a medio y largo plazo.
Según la los fabricantes esta ley, si se llegarán a aprobar las enmiendas que se plantean, tan sólo beneficiaría a los propietarios de los concesionarios y no a sus trabajadores, los más afectados por la crisis. Además, la necesidad de los fabricantes de hacer provisiones de fondos para posibles indemnizaciones podría repercutir en una subida de los precios de los coches nuevos.
Tres son los puntos sobre los que los de fabricantes expresan sus inquietudes: el traspaso de negocio, sin autorización de la marca, los baremos de indemnización y la aplicación de la ley a todos los contratos, es decir, su ejecución con carácter retroactivo.
Respecto al primero de los puntos, el del traspaso, los fabricantes manifiestan la imposibilidad de imponer por ley la obligación de soportar una cesión de su contrato y, por añadidura, del derecho a utilizar su marca, sin su consentimiento.
Sobre el punto de la indemnización Anfac afirma que el proyecto incluye baremos que dan como resultado unas liquidaciones desorbitadas, muy superiores a las que se establecen en cualquier otro país europeo. Según los fabricantes las indemnizaciones han de fijarlas los jueces, sin que deban existir topes máximos y mínimos para las mismas.
Por último, en lo referente a la retroactividad de los contratos creen que no ha de aplicarse sobre los ya existentes o sobre las renovaciones y prórrogas de los mismos ya que se crearía una fuerte inseguridad jurídica.
Respecto a lo comentado en estos dos últimos puntos Anfac se ampara en el informe de la Comisión Nacional de Competencia que, en el anteproyecto de esta ley, mencionaba la indemnización por clientela afirmando que cabría valorar el no regular expresamente en esta materia ya que podría resolverse vía jurisprudencia. En lo referente a la retroactividad, ese mismo informe menciona la inconsistencia de la misma, dado el principio general de irretroactividad reconocido en el código civil Español.
La postura de Ganvam
En la asociación de vendedores siguen valorando positivamente el hecho de que se tramite la Ley y por tanto se vayan cumpliendo los plazos a los que el Ministerio de Industria se había comprometido, pero también quiere llamar la atención sobre algunos puntos del Proyecto de Ley que deben ser modificados.
Por ello, Ganvam ha presentado 13 enmiendas al texto del Proyecto de Ley, pero hace hincapié en una en concreto: El Proyecto señala que la Ley sólo se aplicaría a los contratos firmados o renovados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, mientras que desde Ganvam se pide que entre en vigor también para los contratos anteriores, teniendo un año para adaptarse.
Según el primer proyecto que se manejaba en el Congreso, la Ley no se aplicaría más que a los contratos firmados con posterioridad a su entrada en vigor. Había una disposición transitoria en el primer texto que daba un plazo de un año para adaptar los contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. El segundo texto ha cambiado y señala que no se aplicará a los contratos firmados o renovados antes de su entrada en vigor. Hay marcas que se encuentran en pleno proceso de firma de nuevos contratos de cara a 2013.
Faconauto responde
Para la patronal que representa a los concesionarios de automóviles, la Ley de Contratos de Distribución no supone ningún blindaje a los accionistas de las concesiones, sino una regulación que permitirá que los distribuidores ejerzan su libertad empresarial en beneficio del mercado, los consumidores y la competencia. “Los distribuidores no pueden recurrir a ERES y no reciben subvenciones de ninguna clase, sino que viven del mercado, por lo que, qué menos que la futura Ley les otorgue ciertas garantías de libertad y estabilidad y les proteja de los abusos que sufren por parte de los proveedores. No piden ni un solo euro al Estado, sólo libertad empresarial”.
La mayor libertad empresarial que pretende la Ley redundará en una reducción de los precios de los vehículos, ya que si no se imponen a los concesionarios la compra de lotes y series de productos no pedidos por los clientes, dispondrán de mayor capacidad financiera y margen para competir, lo que redundará en que los clientes y usuarios se beneficien de una mayor competencia entre marcas y dentro de una misma marca.